El Decreto 0581 de 2026 cambió las reglas para cualquier empresa que hoy trabaje con contratistas, terceros o esquemas de tercerización que no estén completamente en regla. Expedido por el Ministerio del Trabajo el 5 de junio de 2026, esta norma no prohíbe la tercerización —que sigue siendo una herramienta legítima de organización empresarial—, pero sí endurece de forma significativa los criterios para identificar cuándo esa figura se está usando para encubrir una relación laboral directa.
En Conextempo operamos como empresa de servicios temporales formal, dentro del marco que la ley reconoce como legítimo, precisamente el tipo de esquema que este decreto busca proteger frente a la informalidad.
Las sanciones bajo este decreto pueden llegar hasta 5.000 salarios mínimos, además de medidas como la suspensión de actividades en casos graves. Agende una revisión de su esquema de contratación con Conextempo antes de que una inspección laboral lo haga por usted.
Qué es el Decreto 0581 de 2026 y qué busca cambiar
El decreto adiciona un capítulo al Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y responde a una preocupación de larga data: empresas que recurren a outsourcing, contratos de prestación de servicios prolongados o intermediarios informales, no siempre con fines legítimos, sino en algunos casos para evitar el pago de prestaciones sociales y aportes a seguridad social. La norma introduce definiciones técnicas precisas —qué es tercerización legal, qué es un contratista real, qué es intermediación ilegal— para que la inspección laboral tenga criterios objetivos, no solo interpretaciones caso por caso.
(Esta es una lectura general del decreto con fines informativos; su aplicación específica a cada esquema contractual puede variar y conviene validarla con un abogado laboralista.)
Cómo funciona la presunción de laboralidad que introduce el decreto
El cambio más relevante para cualquier empresa es la presunción reforzada de laboralidad: cuando un tercero presta actividades de forma permanente dentro de una empresa, la ley presume que existe una relación laboral directa entre esa persona y la empresa beneficiaria del servicio, no con el contratista formal. Esa presunción solo se desvirtúa si la empresa demuestra que el contratista tiene autonomía administrativa, financiera y técnica real, con su propia infraestructura y sin subordinación directa hacia los trabajadores.
En la práctica, esto traslada la carga de la prueba hacia la empresa: ya no basta con tener un contrato de prestación de servicios firmado, hay que poder demostrar que la relación funciona realmente como tercerización y no como una vinculación laboral disfrazada.
Cuadro: señales de alerta que hoy usa la inspección laboral
El decreto establece indicios concretos que las autoridades evalúan de forma conjunta para identificar tercerización ilegal:
- El contratista no cuenta con infraestructura, permisos ni capacidad financiera propia para ejecutar la actividad.
- Los riesgos económicos y operativos de la labor los asume, en la práctica, la empresa contratante y no el contratista.
- Los trabajadores reciben órdenes, horarios o herramientas de trabajo directamente de la empresa contratante.
- La labor se integra de forma permanente dentro de la operación normal de la empresa, como si fuera parte de su planta.
Ninguno de estos indicios se evalúa de forma aislada; es el conjunto el que permite a un inspector laboral determinar si hay subordinación encubierta.
¿Su empresa podría explicar hoy, con evidencia documental, por qué sus contratistas son realmente autónomos? Hable con nuestro equipo sobre administración de talento humano y revise su exposición frente a este nuevo marco normativo.
Qué pasa con las empresas de servicios temporales bajo el nuevo decreto
El decreto también precisó los límites de las empresas de servicios temporales (EST): solo pueden cubrir labores ocasionales, reemplazos de personal por licencias o incapacidades, y aumentos temporales de producción o de servicios, por un plazo máximo de seis meses prorrogable por seis meses más. Si una empresa usa una EST para cubrir una necesidad permanente, la empresa usuaria puede ser considerada el verdadero empleador, y la EST calificada como intermediario ilegal —con responsabilidad solidaria entre ambas por las obligaciones laborales derivadas.
La diferencia clave está en el uso: una EST formal, operando dentro de sus causales y plazos legales, sigue siendo hoy una de las vías más seguras para cubrir necesidades de personal sin caer en los esquemas que el decreto busca sancionar.
Checklist: ¿su esquema de tercerización está en riesgo?
Revise estos puntos en su empresa:
- ¿Tiene contratistas o terceros que llevan más de un año prestando el mismo servicio de forma ininterrumpida?
- ¿Esos contratistas reciben instrucciones, horarios o herramientas directamente de su empresa?
- ¿Podría demostrar, con documentos, la autonomía técnica y financiera de cada contratista?
- ¿Alguno de esos terceros desempeña funciones que forman parte del giro ordinario de su negocio, no una labor puntual o especializada?
Si respondió «sí» a dos o más preguntas, es momento de revisar ese esquema antes de que lo revise una inspección laboral.
Preguntas frecuentes sobre el Decreto 0581 de 2026
¿El decreto prohíbe la tercerización de personal?
No. La tercerización sigue siendo legal cuando el contratista tiene autonomía real, infraestructura propia y asume sus propios riesgos. Lo que el decreto sanciona es usar esa figura para encubrir una relación laboral directa.
¿Las empresas de servicios temporales quedaron prohibidas?
No. El decreto reforzó los límites que ya existían para las EST —causales específicas y plazo máximo de un año—, pero mantiene esta figura como una vía legal siempre que se use dentro de esos parámetros.
¿Qué puede hacer mi empresa si tiene un esquema de tercerización que podría estar en riesgo?
El decreto permite solicitar acuerdos de formalización laboral desde el inicio de una investigación preliminar, antes de que se notifique una sanción. Aun así, lo más recomendable es revisar y corregir el esquema de forma preventiva, con acompañamiento legal y operativo especializado.
Conclusión
El Decreto 0581 de 2026 no elimina la tercerización, pero sí deja claro que la informalidad en estos esquemas ya no pasa desapercibida. Para las empresas, esto significa revisar hoy sus contratos con terceros, antes de que una inspección laboral lo haga primero.
Contar con el aliado correcto en gestión de talento humano puede marcar la diferencia entre una contratación exitosa y un riesgo laboral evitable. En Conextempo operamos dentro del marco legal que este decreto reconoce como legítimo, para que su empresa cubra su necesidad de personal sin asumir un riesgo que no le corresponde.
